Javier Jiménez Cerrajería

Notario

Tías Puerto del Carmen

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Puerto del Carmen 35510 Tías

Derecho interregional: ley aplicable a la sucesión mortis-causa. Causante español. Examen del artículo 9.8 del Código Civil

Autor.- Javier Jiménez Cerrajería.

Fecha.- 12 de octubre de 2017

Introducción.-

Las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2014 y 16 de abril de 2016 han supuesto una revisión en la interpretación tradicional, o al menos mayoritaria del artículo 9.8 in fine del Código Civil al resolver que los derechos legitimarios del cónyuge viudo –y no simplemente las denominada mortis causa capiones- se rigen por la ley que regula los efectos del matrimonio y no por la ley que regula la sucesión, lo que implica la necesidad de determinar una y otra ley y la posible coordinación entre ambas, circunstancia que se complica como consecuencia las sucesivas modificaciones en materia de vecindad civil, mayoría de edad, así como de los puntos de conexión a la hora de determinar la ley aplicable a la sucesión y de la ley reguladora de los efectos del matrimonio, la falta de disposiciones transitorias de dichas reformas, la inconstitucionalidad sobrevenida de los puntos de conexión determinantes de la ley reguladora de los efectos del matrimonio anteriores a la ley de 15 de octubre de 1990 y la necesidad de respetar los derechos adquiridos bajo los distintos regímenes legales vigentes.

En la actualidad el Reglamento de sucesiones de Europeo 650/2012 ha reducido esta problemática prácticamente ámbito del derecho interregional español y a las sucesiones internacionales abiertas antes de su entrada en vigor. El presente estudio trata de establecer una guía práctica en esta materia a los efectos de facilitar la determinación de la ley aplicable a las distintas sucesiones dentro del ámbito del derecho interno.

I.- Fallecimiento antes del 9 de Julio de 1974

§1.- LEY REGULADORA DE LA SUCESIÓN.-

La sucesión por causa de muerte se rige en su totalidad por la ley nacional del causante en el momento su fallecimiento (art 10.2 Código Civil redacción originaria), que en el caso de causantes de nacionalidad española, vendrá determinada por su vecindad civil (artículos 14 y 15 del Código Civil).-

Artículo 10.2 del Código Civil en su redacción originaria: “La sucesiones legítimas (intestadas) y las testamentarias, así como respecto al orden de suceder como a la cuantía de los derechos sucesorios y la validez intrínseca de sus disposiciones se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren”.-

Establece como regla general que el estatuto personal será determinante de ley reguladora de la sucesión por causa de muerte.-

No obstante, debemos de tener en cuenta que la sucesión por causa de muerte de determinados bienes afectados por el principio de troncalidad, vendrá determinada por el estatuto real, es decir por la ley del lugar en que estos radiquen. (por ejemplo la sucesión mortis-causa de los bienes troncales regulada en el Derecho civil especial de Vizcaya, Aragón o Navarra).-

Problemática:

El artículo 10.2 del Código Civil no hace referencia la sucesión contractual que no es estrictamente una sucesión testamentaria.

Tampoco regula la coordinación de las disposiciones testamentarias o los pactos sucesorios otorgados bajo una ley personal anterior y distinta a la que tenía el causante en el momento de su fallecimiento.-

A falta de regulación específica consideramos aplicable el régimen previsto en las Disposiciones Transitorias 12 y 2 del Código Civil, que establecen:

Disposición Transitoria 12ª.- "Los derechos a la herencia del que hubiese fallecido, con testamento o sin él, antes de hallarse en vigor el código, se regirán por la legislación anterior. La herencia de los fallecidos después sea o no con testamento, se adjudicará y repartirá con arreglo al Código; pero cumpliendo, en cuanto éste lo permita, las disposiciones testamentarias. Se respetarán, por tanto, las legítimas, las mejoras y los legados, pero reduciendo su cuantía si de otro modo no se pudiera dar a cada partícipe en la herencia lo que le corresponda según el código.”

Disposición transitoria 2ª.- "Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos, según la misma, con las limitaciones establecidas en estas reglas. En su consecuencia serán válidos los testamentos, aunque sean mancomunados, los poderes para testar y las memorias testamentarias que se hubieren otorgado antes de regir el Código, y producirán su efectos las cláusulas ad cautelam, los fideicomisos para aplicar los bienes según las instrucciones reservadas del testador y cualquiera otros actos permitidos por la legislación precedente, pero la revocación o modificación de estos actos o de cualquiera de las cláusulas contenidas en ellos no podrá verificarse sino testando con arreglo al mismo”.-

En definitiva, a nuestro juicio, de la aplicación conjunta de ambas disposiciones transitorias se obtiene un resultado análogo al régimen establecido por el artículo 9.8 del Código Civil en su redacción actual, es decir, la subsistencia de las disposiciones testamentarias y los pactos sucesorios válidos conforme a la ley personal del causante en el momento de su otorgamiento y el respeto de su contenido, que sólo se verá afectado en aquello que contradiga la normas imperativas de la ley que regule la sucesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Código Civil en su redacción originaria, debiendo, en su caso, adaptarse a ésta última.

Excepción al estatuto personal.- El artículo 10.2 del Código Civil determina la ley aplicable a la sucesión en virtud del estatuto personal del causante, es decir atendiendo a la ley correspondiente nacionalidad-vecindad civil, en el momento de su fallecimiento.

No obstante, la sucesión troncal vizcaína, aragonesa y navarra constituyen excepciones al estatuto personal, ya que, atendiendo al estatuto real, es decir a la situación de determinados bienes raíces o inmuebles y a su procedencia familiar, establece respecto a los mismos, un régimen específico para su sucesión mortis causa a favor de determinados parientes de su línea familiar de pertenencia, y ello por razón de su situación y pertenencia histórica de los mismos a la línea familiar del causante, con independencia de la ley aplicable a su sucesión. En este sentido la Sentencia del Tribunal supremo de 11 de marzo de 2010 declaró “el hecho de que la ley aplicable a la sucesión sea el Derecho común en virtud de la vecindad civil del causante, de acuerdo con los artículos 16 y 9.1 del Código Civil, no excluye los derechos derivados de la troncalidad reconocidos en la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco"

§2.- VECINDAD CIVIL.-

a) Adquisción de la vecindad civil

La vecindad civil se adquiere según el artículo 15. 3 del Código Civil en su redacción originaria por:

- La residencia continuada de diez años en el territorio correspondiente a dicha vecindad, sin declaración de voluntad a contrario formulada por el interesado ante el Juez Municipal para su constancia en el Registro Civil.

-La residencia continuada de dos años en el territorio correspondiente a una determinada vecindad civil y la manifestación de voluntad expresa de adquirir dicha vecindad civil formulada ante el Juez municipal para su inscripción en el Registro Civil.-

Problemática: ¿Se tiene en cuenta para el cómputo de la adquisición de la vecindad civil por residencia de diez años sin manifestación a contrario el tiempo de residencia antes de la emancipación?

- Desde el 16 de agosto de 1889 al 31 de diciembre de 1958.-

DE CASTRO consideraba que no debía tenerse en cuenta a los efectos del computo de los diez años del Código Civil la residencia durante el periodo de tiempo que la persona no tuviese capacidad.-

“El relativo valor dado a la voluntad que se hace respecto de los incapaces, o sea, de aquellas personas cuya carencia de manifestación no puede estimarse presunción de voluntad, hace que no se produzca imposición de vecindad por el transcurso de diez de años”.-

El Real Decreto de 12 de junio de 1899, -según señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2015,- preveía como regla interpretativa del artículo 15 del Código Civil que el plazo de diez años para la adquisición de la vecindad civil comenzara a contarse para los menores de edad no emancipados legalmente, desde el día que cumplan la mayor edad.-

Debemos tener en cuenta que el propio artículo 15 de Código civil reconoce capacidad al menor de edad, desde su emancipación para poder hacer una declaración relativa a la adquisición de la vecindad civil por lo que, a nuestro juicio, dicho cómputo debe comenzar, no desde la mayoría de edad, sino desde la emancipación del menor.

Desde 1 de enero de 1959 hasta el 8 de julio de 1974.-

El Artículo 225.2 del Reglamento del Registro Civil aprobado por el Decreto de 14 de noviembre de 1958 establece:

“El cambio de vecindad civil se produce «ipso iure» por la residencia habitual durante diez años seguidos en provincia o territorio de diferente legislación civil, a no ser que antes de terminar este plazo el interesado formule la declaración en contrario.

En el plazo para las declaraciones de vecindad ante el Encargado, no se computa el tiempo en que el interesado no pueda, legalmente, regir su persona”.

¿Debe computarse para la adquisición de la vecindad civil el periodo de residencia del menor durante la minoría de edad?

Encontramos dos posibles interpretaciones del precepto:[1]

i.- Debe tenerse en cuenta la residencia del menor durante su minoría de edad para determinar su vecindad civil:

Esta tesis fue seguida por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de febrero de 2014 sobre la base de los siguientes argumentos:

1.- La norma reglamentaria no puede contradecir otra de rango superior como es el artículo 15 del Código Civil, que no establece restricción alguna al computo del plazo de residencia antes de la emancipación del menor[2].-

2.- Considera que la limitación a que se refiere el artículo 225.2 del Reglamento del Registro Civil, en su redacción originaria se refiere y es sólo aplicable a la adquisición de la vecindad civil mediante manifestación ante el Encargado del Registro Civil y que no opera por tanto para los supuestos de la adquisición por residencia continuada de más de diez años sin declaración en contrario, ya que esta adquisición se realiza ope legis, por el mero transcurso de dicho plazo y sin declaración del interesado-

3.- El artículo 225.2 del Reglamento Civil en su redacción originaria, -y a diferencia de su redacción actual-, se refiere únicamente a los supuestos en los que la declaración del interesado tiene un valor nuclear para la adquisición de la vecindad civil, es decir a los supuestos en los que la vecindad civil se adquiere por declaración expresa tras la residencia continuada de dos años, o bien por opción del hijo, tras su emancipación, por la vecindad de su lugar de nacimiento, pero no se refiere a los casos en los que la vecindad civil se adquiere ope legis, por el mero transcurso del plazo de residencia de diez años sin manifestación en contrario por el interesado.

ii.- El computo de los diez años de residencia sin manifestación a contrario para la adquisición de la vecindad civil comienza desde la emancipación del menor.

Esta es la tesis, -a la que nos adherimos-, es seguida por las sentencias del Tribunal supremo de 16 de diciembre de 2015 y 7 de junio de 2007, en virtud de los siguientes argumentos:

1.- Debe partirse de la idea de que el interesado puede manifestar no sólo su voluntad de adquirir una determinada vecindad civil, sino también la de no perder su vecindad civil por el transcurso del plazo de los diez años.-

2.- Una cosa es que la vecindad civil se adquiera ope legis por el transcurso de los diez años de residencia y otra es que el interesado durante dicho periodo pueda regir legalmente su persona con el fin de emitir una declaración eficaz de voluntad para impedir el cambio de vecindad civil.-

3.- El periodo de tiempo durante el que el menor no puede regir su persona, tanto en la redacción original del párrafo 2 del artículo 225 del Reglamento Civil, como en su redacción actualmente vigente dada por el Real Decreto 3455/1977, de 1 de diciembre con vigencia desde el 26 de enero de 1978, finaliza con la mayoría de edad o la emancipación legal del menor.-

No obstante, como veremos a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/1990 debe entenderse que dicho periodo en el que el menor no puede regir su persona, a los efectos de formular una declaración de voluntad de adquisición o conservación de una determinada vecindad civil concluye a los catorce años de edad.-

b) Vecindad civil de la mujer casada.-

La mujer casada, en el periodo temporal que nos ocupa, sigue, en todo caso, la vecindad civil del marido (art 15.2 del Código Civil en su redacción originaria), de forma que las posteriores modificaciones de la vecindad civil del marido durante el matrimonio producen automáticamente la modificación de la vecindad civil de la mujer casada. Rige así el denominado principio de unidad familiar bajo la ley personal del marido.-

El Artículo 22 del Código Civil (Redacción 1889) recoge igualmente en principio de unidad jurídica de la familia y establece:

La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido.

La española que casare con extranjero, podrá, disuelto el matrimonio, recobrar la nacionalidad española, llenando los requisitos expresados en el artículo anterior

c) Vecindad civil del hijo no emancipado.-

El menor emancipado sigue la vecindad civil de su padre y a falta de determinación de la filiación paterna, la de la madre.- (art 15.3 del Código Civil en su redacción originaria). Esta determinación se realiza con independencia del lugar de nacimiento del menor, tal y como se deduce del artículo 15.1.2º del Código Civil en su redacción originaria, y el cambio de vecindad civil del padre o, en defecto de filiación paterna, de la madre, lleva consigo automáticamente el cambio de vecindad civil de hijo.

Los hijos no emancipados que por seguir la vecindad civil de su padre o, en su defecto, de su madre, tuviesen una vecindad civil distinta a la que correspondería a la del lugar de su nacimiento podrán adquirir esta última:

- Por manifestación de los padres durante su minoría de edad –entendemos formulada ante el Encargado del Registro Civil-, o

- Por manifestación del propio hijo dentro del año siguiente al de su emancipación. (artículo 15.1.1º del Código Civil en su redacción originaria).

§3.- ADQUISICIÓN DE LA MAYORÍA DE EDAD.-

a) Derecho común.-

Desde el 16 de agosto de 1889 al 12 de agosto de 1972.-

El artículo 320 del Código Civil preveía que la mayoría de edad se alcanzaba a los veintitrés años (23) cumplidos.-

Se establece en el artículo 321 del Código Civil que las hijas mayores de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre en cuya compañía vivan, como no sea para tomar estado, o cuando el padre o la madre hayan contraído ulteriores bodas (y a partir del 11 de noviembre de 1953 “o concurra alguna otra causa que justifique la separación.”

¿Afecta esta limitación al libre establecimiento de la residencia al cómputo de la residencia para la adquisición de la vecindad civil?

Aunque, si bien es cierto que la mujer soltera, durante este periodo no puede fijar libremente su residencia, ello no lo impide, en nuestra opinión, que desde su emancipación puedan formular la declaración contraria a la pérdida de un determinada vecindad civil o bien relativa a la adquisición de la misma, ya que si puede regir su persona para formular dicha declaración de voluntad.

Desde el 13 de agosto de 1972 al 9 de julio de 1974.-

La mayoría de edad se adquiere a los veintiún (21) años.-

Con la ley 31/1972 de 22 de julio, en vigor a partir del 13 de agosto de 1972 cesa la limitación prevista en el artículo 321 del Código Civil respecto de las hijas mayores de edad solteras, anteriormente analizada.

b) Derecho aragonés:

-Hasta el 1 de enero de 1926.-

Hasta la entrada en vigor del Apéndice al Código Civil de Derecho Aragonés aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925, en el Derecho Histórico aragonés, la plena capacidad se adquiría inicialmente a los catorce (14) años de edad (Fuero de Huesca de 1247). Sin embargo tras los Fueros de Monzón de 1564 y 1585, la plena capacidad se adquiere a los veinte 20 años, pero se reconoce al menor, mayor de catorce años, una capacidad restringida con la supervisión de su progenitor o del Juez ordinario. Supervisión que según PARRA LUCAN requería el asentimiento expreso del progenitor o del Juez.[3]

SEñala MOREU BALLONGA[4] que en Derecho histórico aragonés también adquiría la mayoría de edad el menor de veinte años que hubiese contraído matrimonio.

Desde el 1 de enero de 1926 al 1 de enero de 1944.-

Rige el Apéndice de derecho Aragonés aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925 que establece en sus artículos 10 y 12 el siguiente régimen:

- La mayoría de edad se alcanza a los veinte (20) años o desde que el menor de veinte (20 )años contrae matrimonio.-

- El soltero varón menor mayor de catorce (14) años y menor de veinte (20) puede por sí celebrar toda clase de contratos, pero con asistencia del padre o de la madre, que conserve sobre él la autoridad, y, en defecto de ellos, con la del tutor.

Al ser necesaria la asistencia del titular de la autoridad familiar para completar toda clase de actos que celebre el menor aragonés mayor de catorce años y menor de veinte, consideramos que este estatus no puede asimilarse a la capacidad del emancipado, por lo que, el tiempo de residencia del menor aragonés soltero desde los catorce años hasta que alcance la mayoría de edad, bien por contraer matrimonio, bien por haber cumplido los veinte años de edad, no se debe tener en cuenta, a nuestro juicio, para el cómputo de la residencia de diez años para la adquisición de la vecindad civil.-

- Las hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años no podrán dejar la casa del padre o de la madre, en cuya compañía vivan, más que con la licencia de los mismos salvo cuando sea para tomar estado de matrimonio o de profesión religiosa, cuando los citados padre o madre hayan contraído ulteriores nupcias, o cuando para la separación ellos den motivo de moralidad o de mal tratamiento.

En cuanto al cómputo del plazo de dicha residencia para la adquisición de la vecindad nos remitimos dicho anteriormente en relación al artículo 321 del Código Civil.

El régimen transitorio entre el Apéndice y las normas consuetudinarias anteriores se resolverá de conformidad con las normas transitorias del Código Civil (Disposición transitoria del Decreto de 7 de diciembre de 1925).-

Desde el 1 de enero de 1944 al 30 de abril 1967.-

La ley de 13 de diciembre de 1943 establece la mayoría de edad en los veintiún (21) años para todo el territorio español.-

Esta modificación afecta también al Derecho aragonés en la medida en que la mayoría de edad se alcanza a partir del 1 de enero de 1944 a los veintiún (21) años y no a los veinte (20) años, si bien, sigue adquiriéndose la mayoría de edad por el matrimonio del menor de veintiún (21) años y el menor de edad mayor de catorce (14) años puede celebrar por sí celebrar toda clase de contratos, pero con asistencia de su padre o madre y en su defecto de su tutor en los términos previstos en el Apéndice de 1925.-

Desde el 1 de mayo de 1967 al 8 de julio de 1974.-

El uno de mayo de 1967 entra en vigor la Compilación de Derecho Civil de Aragón aprobada por la Ley 15/1967, de 8 de abril y de esta forma:

- Son mayores de edad los aragoneses a partir de los veintiún (21) años de edad (Ley de 13 de diciembre de 1943).-

- Son mayores de edad los aragoneses que contraigan matrimonio.- (art 5 de la Compilación de 1967)

- Los menores mayores de catorce (14) años que con el beneplácito de sus padres tenga vida independiente tienen la libre administración de sus bienes.-

Entendemos que el menor de edad aragonés que ha obtenido el beneficio de la vida independiente, tiene capacidad suficiente para regir su persona a los efectos previstos en el artículo 225.2 del Reglamento del Registro Civil, por lo que, a los efectos del computo de su residencia a los efectos de la adquisición o pérdida de la vecindad civil, deberá computarse desde que se le concedió el beneplácito de los padres para vivir de forma independiente.-

- Los menores de mayores de catorce años aunque no estén emancipados pueden celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con asistencia, en su caso, de su padre, madre, tutor o Junta de Parientes. (Artículo 6 de la Compilación). Tal y como ya hemos expuesto, en éste caso, hasta la emancipación del menor no se tendrá en cuenta su residencia a los efectos del cómputo de los diez años para la adquisición de la vecindad civil, pues no tiene una capacidad de obrar asimilable a la del emancipado, pues el emancipado, puede, sin necesidad de asistencia de sus padres optar la vecindad civil de su lugar de residencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Código Civil (y el artículo 14. 2 del Código Civil tras el Decreto 1836/1974).

§ 4.- EMANCIPACIÓN.-

Desde la entrada en vigor del código civil hasta el 8 de junio de 1981.-

a) La emancipación.-

Desde la entrada en vigor del código civil hasta la entrada en vigor de la ley 11/1981 de 13 de mayo, es decir hasta el 8 de junio de 1981, la emnacipacion , de conformidad con el artículo 314 del Código Civil, se obtiene por el matrimonio del menor, por la mayor edad y por concesión de padre o madre que ejerza la patria potestad, regulándose además en el artículo 322 del Código civil la concesión del beneficio de la mayor edad al menor de edad huérfano de padre y madre.-

Sin embargo, el artículo 315 del Código Civil en su redacción originaria y vigente hasta 8 de junio de 1981, prevé el menor emancipado en virtud del matrimonio, no podrá hasta que cumpla los dieciocho años administrar los bienes de la sociedad conyugal sin el consentimiento de su padre, en defecto de este de su madre y a falta de ambos de su tutor y en ningún caso, hasta que alcance la mayoría de edad podrá, sin el consentimiento de las personas mencionadas tomar dinero a préstamo ni gravar ni enajenar bienes raíces.-

Esta limitación no afectará, como hemos analizado, a los aragoneses, que adquieren la mayoría de edad al contraer matrimonio en los términos anteriormente expuestos.-

¿Afecta la limitación prevista en el artículo 315 del Código Civil a la capacidad del emancipado por matrimonio a los efectos del cómputo de los diez años de residencia para la adquisición de la vecindad civil?

Aunque el artículo 315 del Código civil, en su redacción vigente en el periodo de tiempo señalado establece una limitación a la capacidad del emancipado, lo cierto es que el artículo 15 del Código Civil a la hora de reconocer capacidad para optar por la vecindad civil requiere únicamente que el menor esté emancipado, sin hacer distinción alguna sobre la forma en la que dicha emancipación ha sido obtenida, de forma el cómputo de la vecindad civil se debe tener en cuenta, a nuestro juicio, desde dicha emancipación.

b) Edad para contraer matrimonio.-

En cuanto a la edad para contraer matrimonio, de conformidad con el artículo 45 del Código Civil pueden contraerlo los menores de edad con la correspondiente licencia. Hasta la reforma de la ley 13/1981 (en vigor desde el 8 de junio) no establece una edad mínima, catorce años, para celebrar matrimonio con dispensa. Dispensa de edad que eliminará posteriormente la Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015 de 2 de julio).

§ 5.- RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL Y LEY REGULADORA DEL MATRIMONIO

Rige el principio de unidad familiar consagrado en el artículo 15.3 del Código Civil, en cuya virtud la mujer casada sigue siempre la vecindad civil del marido, de forma que está determinaría siempre el régimen económico matrimonio y la ley reguladora de los efectos del matrimonio, por tanto, a falta de capitulaciones matrimoniales se aplicaría el régimen económico matrimonial legal supletorio correspondiente a la ley personal del marido y en el caso de pacto capitular los regímenes convencionales que podrían pactar los cónyuges, así como la posibilidad de capitular vendría también determinada, en todo caso por la ley personal del marido.-

a) Régimen del Código Civil hasta el 25 de mayo de 1975.-

El Artículo 1315 del Código Civil en su redacción originaria y vigente hasta el 25 de mayo de 1975, fecha de entrada en vigor de la reforma operada por la ley de 2 de mayo de 1975 establecía:

Artículo 1.315 CC (Redacción originaria).- Los que se unan en matrimonio podrán otorgar capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este Código.-

A falta de contrato sobre los bienes se entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales.-

Artículo 1.317 Código Civil (Redacción originaria).- Se tendrán también por nulas y no puestas en los contratos mencionados en los dos artículos anteriores las cláusulas por las que los contratantes, de una manera general, determinen que los bienes de los cónyuges se someterán a los fueros y costumbres de las regiones forales y no a las disposiciones y no las disposiciones generales de este código.-

Artículo 1.320 del Código Civil (redacción originaria).- Después de celebrado el matrimonio no se podrán alterar las capitulaciones otorgadas antes, ya se trate de bienes presentes, ya de bienes futuros.-

En consecuencia una vez celebrado el matrimonio, el régimen económico matrimonial, bien legal supletorio, bien convencional devenía inmutable.-

b) Derecho aragonés.-

Cuando el marido, al tiempo de celebrar el matrimonio tuviese vecindad civil aragonesa:

Hasta el 30 de abril de 1967.-

El apéndice al Código Civil aprobado por el Decreto 7 de diciembre de 1925, contemplaba en su artículo 46 como Régimen económico matrimonial legal supletorio, en defecto de pacto al respecto en capitulaciones matrimoniales, era la comunidad conyugal tácita y el artículo 58 preveía la posibilidad en de modificar el régimen económico matrimonial mediante el otorgamiento o modificación de las capitulaciones después de la celebración del matrimonio.- Las capitulaciones matrimoniales pueden contener cualquier disposición relativa al régimen familiar y sucesorio de los otorgantes. Se establece la necesidad de concurrencia de todos su otorgantes para su modificación y reglas especiales en el caso del fallecimiento de alguno de los otorgantes distinto de los cónyuges-

Desde el 1 de mayo de 1967.-

La compilación de Derecho Civil aragonés aprobada por la Ley 15/1967 de 8 de abril prevé en su artículo 25 que las capitulaciones matrimoniales podrá contener cualquier disposición relativa al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y de quienes concurran con ellos.-

El artículo 26 prevé que las capitulaciones pueden otorgarse y modificarse antes del matrimonio y durante él, pudiendo en este último caso darse a sus estipulaciones efecto retroactivo sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros-

El régimen económico matrimonial legal supletorio a falta de pacto en capitulaciones será el régimen de comunidad regulado en los artículos 36 y siguientes de la compilación.-

A diferencia del código civil se prevé la posibilidad de modificación del Régimen económico matrimonial.-

c) País Vasco.-

La ley 32/1959, de treinta de julio, sobre compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava:

Fuero de Vizcaya. El fuero de Vizcaya, de conformidad con el artículo 2 es aplicable en el Infanzonado o Tierra Llana de Vizcaya, que comprende todo el territorio de la provincia de Vizcaya a excepción de los siguientes territorios en los que regirá el Código Civil:

a) Las doce villas de Bermeo, Durango, Ermua, Gernica y Lumo, Lanestoa, Lequeitio, Marquina, Ochandiano, Ondárroa, Portugalete, Plencia y Valmaseda,

b) La ciudad de Orduña

c) El término municipal de Bilbao.

El artículo 60 extendía la aplicación del fuero a los territorios de Llodio y Aramayona.

El artículo 5 establecía: "Los efectos de los estatutos personal, real y formal de Vizcaya y para los vizcaínos, así como la condición de tales en relación con los demás territorios españoles de diferente legislación civil, se regularán por las normas establecidas por el título preliminar del Código Civil y disposiciones concordantes o por las Leyes generales que en el futuro regulen la materia".

La vecindad local se determinará por las normas generales que regulen la ciudadanía y la vecindad civil.

El artículo 41 preveía la inmutabilidad del régimen de bienes del matrimonio una vez contraído el mismo, aunque se perdiese la cualidad de vizcaíno o infanzón y además a falta de pacto capitular, cuando el marido fuese vizcaíno o infanzón el régimen económico matrimonial legal supletorio será el régimen de la comunicación foral de bienes vizcaína (artículo 42).-

Fuero de Ayala- El fuero de Ayala es de aplicación en la Tierra de Ayala, que comprende:

a) Los cuatro términos municipales de Ayala, Amurrio, Lezama y Oquendo.-

b) Los pueblos de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma, Sojoguti, el Término Municipal de Arceniega, pero no esta villa y el casería de su término.-

El fuero de Ayala, no establece regulación del régimen económico matrimonial ni de las capitulaciones matrimoniales, por lo que, de conformidad con su disposición final segunda, regirá en este materia el Código Civil.-,

d) Navarra.-

La ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba el Fuero Nuevo de Navarra, prevé, en su su Ley 11 que la adquisición, pérdida y recuperación de la condición foral de navarro, se rige, en lo no previsto por la compilación, por la legislación general y conforme al principio de reciprocidad.

A estos efectos las Leyes 12 y 13 prevén que los navarros residentes en el extranjero no perderán su condición foral de navarros en tanto conserven la nacionalidad española y que el extranjero residente en navarra que adquiere o recupera la nacionalidad española, adquiere con la misma la condición foral de navarro.-

La ley 16 prevé que conservarán los actos celebrados por las personas antes de adquirir o perder su condición de navarros conservarán su validez, pero sus efectos deberán acomodarse a la exigencias de la nueva legislación.-

Las leyes 78 y 81 de la compilación Navarra prevén la posibilidad de otorgar y modificar las capitulaciones matrimoniales antes y después de celebrado el matrimonio, pudiendo en este caso dar a las mismas efectos retroactivos sin perjuicio de terceros-

La ley 82 establece como régimen legal supletorio, en defecto de pacto el Régimen de Conquistas.-

e) Baleares.-

En el caso de que el matrimonio, en virtud de la ley personal del marido, quedase sujeto al fuero aplicable en la isla de Mallorca o Menorca, o en las islas de Ibiza o Formentera, los artículo 3, 65 y 66 respectivamente de la Ley 5/1961, de 19 de abril preveían como régimen legal supletorio, a falta de pacto en capitulaciones, el régimen de absoluta separación de bienes.

No establecían regulación expresa respecto a la posibilidad de modificar el régimen económico matrimonial después de celebrado el matrimonio por lo que, en virtud de la Disposición Final Segunda, entendemos aplicable el régimen previsto en el Código Civil y por tanto la inmutabilidad del régimen económico matrimonial y la imposibilidad de capitular después de celebrado el matrimonio.-

f) Galicia.-

La ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia, no regulaba específicamente esta materia por lo que, de conformidad con su disposición final segunda regirán esta materia la disposiciones del Código civil anteriormente analizadas.-

g) Derecho civil de Cataluña.-

Si el marido en el momento de la celebración del matrimonio tuviese vecindad civil catalana, la compilación catalana aprobada por la Ley 40/1960, de 21 de julio, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, prevé en su artículo 7 que el régimen económico matrimonial será el pactado en capitulaciones matrimoniales que podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio y establece como régimen económico matrimonial legal supletorio el de separación de bienes que reconoce a cada cónyuge la propiedad, disfrute, administración y disposición de los bienes propios, sin perjuicio del régimen especial de la dote, si la hubiera. Al igual que el Derecho aragonés permite la mutación del régimen económico matrimonial durante la vigencia del matrimonio.-

Se en el régimen de separación de bienes se permiten expresamente los contratos onerosos entre cónyuges.- (artículo 11).-

§ 6.- LA VIUDEDAD ARAGONESA.-

El Derecho aragonés, al atribuir al cónyuge supérstite este amplio derecho familiar –la viudedad aragonesa- que le atribuye el derecho a usufructuar todos los bienes del premuerto, no reconoce al cónyuge viudo, a diferencia del resto de derechos forales o especiales, ningún derecho sucesorio de naturaleza legitimaria, circunstancia que, cuando el matrimonio y la sucesión se rijan por leyes distintas y una de ellas sea la aragonesa, puede dar lugar:

a) Bien a una superposición en el cónyuge del derecho familiar de viudedad y una además una atribución sucesoria en concepto de legitimario. Está circunstancia se dará en el supuesto en el que los efectos patrimoniales del matrimonio estén sujetos a la ley aragonesa y la sucesión por causa de muerte a otra ley que reconozca derecho legitimarios al cónyuge, por ejemplo el Código Civil, por no tener ya el causante vecindad civil aragonesa en el momento de su fallecimiento.

En este caso el cónyuge supérstite tendría el derecho a usufructuar la totalidad de bienes en virtud del derecho de viudedad y además el usufructo del tercio de mejora.

SANCHO REBULLIDA[5] destaca que en este caso debe prevalecer el usufructo de viudedad ante la improcedencia de acumular, en cualquier sistema dos cuotas usufructuarias a favor de un mismo cónyuge viudo.-

b) Bien una ausencia absoluta de atribución patrimonial al cónyuge tras el fallecimiento de su consorte.- Esta circunstancia se daría en el supuesto en el que el cónyuge no tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de la celebración del matrimonio, determinando la misma que el matrimonio no quedase sujeto a la ley aragonesa, y uno de los cónyuges fallezca tras haber adquirido la vecindad civil aragonesa, y sea, por tanto, el derecho aragonés el que rije la sucesión, ya que el Derecho foral aragonés no prevé ningún derecho sucesorio a favor del cónyuge viudo. Tal y como señalaba SANCHO REBULLIDA, en este caso se da la inaplicación de las dos instituciones, la viudedad y la legítima y justifica en este caso conceder al cónyuge supérstite el usufructo de viudedad aragonés por la íntima relación que tienen las instituciones familiares post morten y el derecho de sucesiones, que permite entender que la ley sucesoria, es decir, la ley aragonesa en este caso, atrae hacia su órbita dichos derechos familiares, ya que, el régimen de bienes no es del matrimonio sino de la familia y por tanto, permite su aplicación al cónyuge supérstite aunque la ley aragonesa no rija los efectos patrimoniales del matrimonio, cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su fallecimiento.-

Debemos tener en cuenta que el derecho de viudedad es compatible con cualquiera de los regímenes matrimoniales previstos en el Derecho aragonés, incluso en su fase de usufructo universal es compatible con el régimen de la comunidad continuada, tal y como señalaba el artículo 70.2 de la compilación aragonesa.-

SANCHO REBULLIDA que considera que esta compatibilidad consiste en “una coexistencia del régimen de comunidad continuada y la existencia virtual y potencial de usufructo viudal, cuyo régimen queda comprimido, limitado y provisionalmente excluido, pero con toda su flexibilidad y capacidad de expansión; en aquellas manifestaciones que no encuentren obstáculos constante la comunidad, se manifestará actual y realmente; y en las demás, se manifestará por su propio impulso y sin necesidad de acto alguno, tan pronto desaparezca el obstáculo.”-

Igualmente el artículo 72. Tres de la Compilación aragonesa establece expresamente la compatibilidad del derecho de viudedad con el régimen de hermandad llana. -

Finalmente, es preciso destacar que, sin perjuicio de los posibles pactos de ampliación o reducción de la misma, la viudedad tenía en el Apéndice de 1925 un ámbito objetivo más restringido que en la Compilación de 1967, ya que el primero se limitaba a falta de pacto, sólo a los bienes inmuebles, si bien, también es cierto que diversos bienes muebles tenían la consideración de inmuebles a los efectos del derecho de viudedad.-

II.- FALLECIMIENTO entre el 9 de Julio de 1974 y el 29 de diciembre de 1978

§ 7- LEY REGULADORA DE LA SUCESIÓN.-

La sucesión, incluida la legítima del cónyuge viudo, se rige por la ley personal del causante en el momento de su fallecimiento, que vendrá determinada por su vecindad civil.- (artículo 9.8 y 16.1 del Código Civil Decreto 1836/1974), con la excepción de la troncalidad vizcaína anteriormente analizada.-

Se prevé expresamente la validez de las disposiciones testamentarias y los pactos sucesorios otorgados conforme a una ley personal anterior del causante pero salvando siempre la legítima que establezca la ley reguladora de la sucesión (es decir, la ley personal del causante en el momento de su fallecimiento).-

“Artículo 9.8 del Código Civil (Decreto 1836/1974 de 31 de mayo):

La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento, conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última”.

§ 8.- VECINDAD CIVIL.-

a) Régimen general.-

El articulo 16.1 del Código Civil determina que la ley personal de los españoles será la determinada por su vecindad civil.-

El artículo 14.1 del Código Civil prevé que “La sujeción al derecho civil común, o al especial o foral se determina por la vecindad civil.-

La vecindad civil se adquiere (art 14.3 del Código Civil Decreto 1836/1974):

- Por residencia continuada durante dos años, en el territorio correspondiente a una determinada vecindad civil y la manifestación expresa de voluntad del interesado de adquirir dicha vecindad civil ante el Encargado del Registro Civil.-

- Por residencia continuada durante diez años, en el territorio correspondiente a una determinada vecindad, sin que, en dicho plazo, el interesado haya manifestado ante el Encargo del Registro Civil su voluntad de conservar su vecindad civil anterior.-

Ambas manifestaciones, una vez realizadas no necesitan ser reiteradas, es decir, habiendo adquirido una vecindad civil por manifestación expresa, la residencia en cualquier otro territorio, cualquiera que sea su plazo no da lugar a la modificación de dicha vecindad civil, y por otra parte, habiendo manifestado la voluntad de conservar un determinada vecindad civil no se perderá la misma, cualquiera que sea el tiempo de residencia en el territorio de cualquier otra vecindad civil.-

La manifestación relativa a la voluntad de adquirir y de conservar una determinada vecindad civil consta por nota al margen en la inscripción de nacimiento del interesado.-

De conformidad con el artículo 225.2 del Reglamento del Registro Civil (Decreto de 14 de noviembre de 1958) para la adquisición de la vecindad civil de forma automática por residencia en el territorio correspondiente a dicha vecindad civil sin declaración a contrario no se computa el tiempo en el interesado no haya podido regir su persona.

El Real Decreto 3455/1977, de 1 de diciembre con vigencia desde el 26 de enero de 1978, modificó en párrafo 2 del artículo 225 del Reglamento del Registro civil, al que dio la siguiente redacción:

“En el plazo de los diez años no se computa el tiempo en que el interesado no pueda legalmente regir su persona”.

Consideramos que en el periodo temporal que nos ocupa es decir desde el 9 de julio de 1974 al 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución española, debe entenderse que el periodo de los diez años de residencia para la adquisición de la vecindad civil por residencia comienza desde la mayoría de edad o la emancipación del menor, ya que:

-El emancipado puede regir su persona como si fuese mayor tal y como resulta del artículo 317 del Código Civil en su redacción originaria y el artículo 323 del Código Civil en su redacción dada por la Ley 11/1981 de 13 de mayo.-

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Código Civil, que posteriormente analizaremos, el menor emancipado tiene capacidad para optar por la vecindad civil de su lugar de nacimiento.-

Esta es la tesis seguida por las Sentencias del Tribunal supremo de 16 de diciembre de 2015 y 7 de junio de 2007 anteriormente analizadas.-

No obstante, como ya hemos apuntado, algunos autores defienden que desde el 1 de enero de 1959 hasta el 8 de julio de 1974, fecha en la que estaba en vigor el artículo 225.2 del Reglamento del Registro Civil en su redacción originaria debe tenerse en cuenta para el computo de los diez años de residencia el periodo de residencia durante la minoría de edad del menor.-

(Para un mayor análisis de esta problemática ver el §2)

b) Vecindad civil de la mujer casada.-

Será la determinada por la ley personal del marido (art 14.5 Código Civil Decreto 1836/1974).-

c) Vecindad civil hijos no emancipados.-

Siguen la vecindad civil del padre, salvo que la filiación paterna no estuviese determinada, en cuyo caso seguirán la vecindad civil de la madre. (art 14.5 Código Civil Decreto 1836/1974).-

No obstante, los hijos que por seguir la vecindad civil de su progenitor tuviesen una vecindad civil distinta de la que les correspondería en función de su lugar de nacimiento podrán optar por esta última dentro del año siguiente a su emancipación. (art 14.2 del Código Civil Decreto 1836/1974)

d) Cláusula de cierre.-

El artículo 14.5 del Código Civil prevé que “En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar del nacimiento.-

§9.- MAYORÍA DE EDAD.-

Hasta el 16 de noviembre de 1978 : La mayoría de edad en toda España se alcanza a los veintiún (21) años.-

A partir del 17 de noviembre de 1978: La mayoría de edad se alcanza en toda España a los dieciocho (18) años de edad (Real Decreto Ley 33/1978, de 16 de noviembre, cuya Disposición Adicional primera extiende su aplicación a todos los ordenamientos españoles.-

No obstante, conforme al Derecho Aragonés también tendrá la consideración de mayores de edad, los aragoneses menores de edad desde que contraigan matrimonio (art 4 Compilación de 1967) y los menores mayores de catorce años que con el beneplácito de sus padres tenga vida independiente tienen la libre administración de sus bienes.-

- En este supuesto consideramos que debe tener en cuenta la residencia del menor para el cómputo de adquisición de la vecindad civil por residencia desde que obtiene el beneplácito de sus padres para vivir de forma independiente.

- Como ya hemos señalado, respecto a los menores de mayores de catorce años no emancipados, aún cuando pueden celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con asistencia, en su caso, de su padre, madre, tutor o Junta de Parientes, -(Artículo 6 de la Compilación)-, consideramos que no deberá tenerse en cuenta el tiempo de su residencia a los efectos de la adquisición o pérdida de una vecindad civil, sino desde su emancipación.

§10.- EMANCIPACIÓN

Nos remitimos íntegramente a lo expuesto en el §3.-

§11.-RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL y LEY REGULADORA DEL MATRIMONIO-

El Decreto 1836/1974 modificó el título preliminar del Código Civil dando al artículo 9 en sus número 2 y 3 la siguiente redacción:

Artículo 9 del Código Civil Decreto 1836/1974.-

2.- La relaciones personales entre los cónyuges se regirán por su última ley nacional común durante el matrimonio y, en su defecto, por la ley nacional del marido al tiempo de su celebración.-

3.- Las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, a falta o por insuficiencia de capitulaciones permitidas por la Ley de cualquiera de ellos, se regirán por la misma ley que las relaciones personales. El cambio de nacionalidad no alterará el régimen económico matrimonial, salvo que así lo acuerden los cónyuges y no lo impida su nueva ley personal.-

Siguiendo a CALATAYUD SIERRA[6] podemos destacar como principales novedades en esta materia introducidas por el Decreto 1836/1974 las siguientes:

a) Permite pactar la ley reguladora de las relaciones patrimoniales de los cónyuges en capitulaciones matrimoniales:

- Comprende la regulación, no sólo del régimen económico matrimonial, sino también las normas reguladoras de la economía conyugal o régimen económico matrimonial primario.

- Admite, a nuestro juicio, la posibilidad de que se pacte también como ley reguladora de las relaciones patrimoniales de los cónyuges y el régimen económico matrimonial correspondiente a la Ley personal de la esposa, de ahí que se refiera a capitulaciones permitidas por la ley personal de cualquiera de ellos.-

b) Permite que la ley que regule las relaciones patrimoniales entre los cónyuges sea distinta a la ley que regula sus relaciones personales, no admitiendo la posibilidad de pacto respecto a esta última.

c) La ley reguladora de las relaciones personales de los cónyuges y a falta de pacto en capitulaciones, de sus relaciones patrimoniales, se determina en el momento de la conclusión del mismo, atendiendo la última ley nacional (personal) común de los cónyuges y en defecto de ley personal común se determinará por la ley personal del marido en el momento de celebrar el matrimonio:

-Parte así de la posible variabilidad de la ley reguladora de las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges durante el matrimonio.-

- La mutabilidad de la ley reguladora de las relaciones patrimoniales de los cónyuges no afecta, sin embargo, al régimen económico matrimonial que queda determinado ab-initio, es decir desde la celebración del matrimonio y a falta de pacto en capitulaciones vendrá determinado por la ley personal del marido.-

d) Se permite la posibilidad de otorgar capitulaciones post-nupciales, con el objeto de modificar, de conformidad con la ley personal de cualquiera de los cónyuges, la ley reguladora de los efectos patrimoniales del matrimonio y/o el régimen económico matrimonial, lo que constituye una novedad. Así frente a la prohibición de otorgar capitulaciones después de la celebración del matrimonio que establecía la regulación anterior, los artículos 1315 y 1320 del Código Civil tras la reforma operada por la ley 14/1975, de 2 de mayo prevén que:

Artículo 1315 (Ley 14/1975, de 2 de mayo)

Los que se unan en matrimonio podrán otorgar capitulaciones antes o después de la celebración del matrimonio, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este código.-

A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio contraído bajo la sociedad legal de gananciales.-

Artículo 1320 Código Civil (Ley 14/1975 de 2 de mayo)

Los cónyuges mayores de edad podrán en todo momento, actuando de común acuerdo, modificar el régimen económico, convencional o legal del matrimonio. Si alguno de ellos fuere menor de edad se estará a lo dispuesto en el artículo 1318.

De esta forma, sólo el Derecho Civil especial de Vizcaya conserva la prohibición de otorgar o modificar capitulaciones después de celebrado el matrimonio.-

Continúa vigente sin embargo la prohibición prevista en el artículo 1317 del Código Civil, para los sujetos a derecho común de pactar la remisión a uno de los regímenes previstos en las legislaciones forales y especiales.-

§12.- LA VIUDEDAD ARAGONESA.-

Como hemos analizado los cambios de vecindad civil de los cónyuges y el carácter de derecho familiar y no sucesorio del derecho de viudedad podría dar lugar en algunas ocasiones a la superposición del mismo junto con otros derechos legitimarios previstos en la ley sucesoria a favor del cónyuge viudo y en otras a una ausencia absoluta de derechos en el cónyuge viudo por no corresponderle el derecho de viudedad al no estar el matrimonio sujeto a la ley aragonesa ni tampoco ningún derecho legitimario al regirse la sucesión del cónyuge premuerto por la ley aragonesa.-

El Decreto 1836/1974, con el fin de dar solución a esta problemática, da al artículo 16. 2 del Código Civil la siguiente redacción en su párrafos 1 y 3.-

El artículo 16.2 del Código Civil (Decreto 1836/1974 de 31 de mayo):

El Derecho de viudedad regulado en la compilación aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha compilación, aunque después cambie su vecindad civil, con exclusión en su caso de la legítima que establezca la ley sucesoria.-

El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.-

Por tanto, en el caso en que, el matrimonio se regiese por la ley aragonesa y le correspondise al cónyuge supérstite el usufructo universal que le atribuye la viudedad aragonesa, y además, por tener el cónyuge premuerto en el momento de su fallecimiento, otra vecindad civil distinta a la aragonesa, le correspondiese algún derecho legitimario previsto en la ley de ley reguladora de la sucesión, el artículo 16.2 en su párrafo primero excluye la aplicación de dichos derechos legitimarios y le reconoce únicamente el derecho de viudedad. (“con exclusión de la legítima que establezca la ley sucesoria”)

Por el contrario, cuando no correspondiese al cónyuge supérstite ningún derecho legitimario, por tener el cónyuge premuerto vecindad civil aragonesa, en el momento de su fallecimiento y tampoco tener derecho al usufructo de viudedad por no regirse el matrimonio por la ley aragonesa, el párrafo tercero del artículo 16.2 del Código civil, con el fin de paliar esta absoluta ausencia de atribución patrimonial del cónyuge supérstite le reconoce el usufructo viudal universal.-

BRANCOS NUÑEZ[7] que en usufructo universal que atribuye al cónyuge supérstite el párrafo 3 del artículo 16.2 del Código Civil:

- Se da sólo a cuando el cónyuge premuerto tiene en el momento de su fallecimiento vecindad civil aragonesa a favor del no aragonés y no viceversa. No obstante, a nuestro juicio, sería posible precisar que, en realidad se dará a favor de todo cónyuge supérstite, con independencia de su vecindad civil, cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su fallecimiento y en virtud de la ley que regule los efectos del matrimonio, al cónyuge supérstite no le correspondiese la viudedad aragonesa.-

- No es una manifestación del derecho de viudedad sino un derecho sucesorio distinto que se reconoce al supérstite en este supuesto preciso, como puede ser el usufructo legitimario regulado el Código Civil y el usufructo de fidelidad del Derecho navarro

Considera por tanto tiene naturaleza sucesoria, porque queda sujeto o se deriva exclusivamente de la vecindad civil aragonesa del cónyuge premuerto, es decir, de ley personal del causante en el momento de su fallecimiento que viene determinada por su vecindad civil aragonesa y no se da en sentido inverso cuando el otro cónyuge tiene otra vecindad civil, mientras que si fuese de naturaleza familiar se atribuiría a ambos cónyuges, como ocurre con el usufructo de viudedad.-

El Articulo 16.2 del Código Civil en su párrafo segundo, establece:

El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el contrato, se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho constar el régimen económico matrimonial del transmitente.

Finalmente el párrafo segundo del artículo 16.2 del Código Civil, según DELGADO ECHEVERRIA[8], no es propiamente una norma de derecho interregional, sino que tiene por objeto proteger al adquirente de bienes gravados con el derecho de expectante de viudedad y del posterior usufructo de viudedad cuando, de buena fe, ignora la existencia de este derecho, de forma que el mismo no le sea oponible.

Señala dicho autor en relación al alcance de la protección que brinda el precepto frente al gravamen que supone el derecho expectante de viudedad:

1.- Protege únicamente al adquirente que lo sea además a título de oneroso y de buena fe. No protege a los acreedores.-

2.- Que la adquisición tenga por objeto bienes inmuebles por naturaleza o bien explotaciones agrícolas, ganaderas, mercantiles o industriales que no radiquen en Aragón.-

3.- Que no se haya hecho constar en el contrato el régimen económico matrimonial del transmitente, para lo que importa, según dicho autor, que conste que tal régimen matrimonial está sujeto al Derecho aragonés.-

El efecto del precepto no afecta a la eficacia del derecho de expectante de viudedad ni al usufructo de viudedad posterior, sino a su oponibilidad, por lo que cuando lo adquirido sea un derecho real distinto del dominio el derecho de viudedad subsistirá sin trabas en cuanto no perjudique al derecho real adquirido por el tercero y se expande a todos los aspectos o utilidades de la cosa en el supuesto que tal derecho se extinga.-

II.- Fallecimiento entre el 9 de Julio de 1974 y el 29 de diciembre de 1978